La celebración de los Juegos Nacionales, tras nueve años de congelamiento, es un triunfo del país que ha resistido los embates económicos, la presión internacional y la guerra de tercera generación para producir un caos de gobernabilidad. Poco a poco, exhibiendo una enorme resilencia, el deporte nacional ha salido adelante y recupera su normalidad.
Las finales celebradas en la Superliga de Baloncesto, la Liga Futve y la serie decisiva de la Lvbp entre Magallanes y Caribes, disputada con una masiva concurrencia a los estadios, son pruebas irrefutables de la buena salud de la que gozan las principales competencias profesionales, aún en medio de la lucha contra la pandemia del coronavirus, que ha ido perdiendo terreno gracias a las medidas sanitarias y la masiva vacunación gratuita aplicada por el Gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro.
Bajo estas nuevas circunstancias, de una economía que ha salido de la hiperinflación y comienza a reponerse, el Instituto Nacional de Deportes ha decidido sacar del congelador a los Juegos Nacionales, que vuelven a convocar a la nueva generación de atletas del país para exhibir su talento, y foguearse para las próximas citas internacionales de los III Juegos Suramericanos de la Juventud, que se realizarán del 20 de abril al 8 de mayo; y los Juegos Bolivarianos de Valledupar, pautados para ponerse en marcha del 24 de junio al 5 de julio.
La celebración de los juegos obliga a revisar el pasado de estos eventos para no repetir errores que desnaturalizaron los objetivos de impulsar y fortalecer la práctica deportiva en todo el país. Una de esas fallas fue permitir que el espíritu de sana competencia y desarrollo que debía prevalecer en los Nacionales fuera sustituido progresivamente por la voracidad de conspicuos gobiernos regionales para ganar medallas y encabezar la tabla de los juegos.
El robo de atletas se convirtió en moneda corriente. Los deportistas que destacaban en entidades con menos recursos y garantizaban medallas eran seducidos con todo tipo de prebendas, para representar al estado que mejor oferta realizaba por sus servicios.
Más grave aún fue el afán de construir instalaciones que no se terminaban a tiempo o una vez concluidos los juegos, los gobiernos regionales carecían del presupuesto necesario para el cuido. Una muestra fue que el país se llenó de velódromos, al punto tal de que cuando Daniela Larreal se clasificó por primera vez a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 había más óvalos que ciclistas especializados en carreras de velocidad. Hoy todos esas instalaciones están anticuadas, pues la tecnología impuso velódromos techados con pistas de madera para las bicicletas aerodinámicas y mayor seguridad para los pedalistas.
El informe especial de la Contraloría General de la República sobre los gastos de inversión de 2 mil 57 millones de bolívares para las obras de los Juegos Deportivos Nacionales Los Llanos 2007 es otro ejemplo de lo que nunca debe ocurrir de nuevo en este evento. A lo largo de sus 158 páginas, el documento analiza el cúmulo de deficiencias en los mecanismos de control y supervisión de los trabajos para que no se repitan. En esta ocasión, no hay obras que erigir, sino que los juegos se organizan bajo la premisa de cooperación entre el IND y los gobiernos regionales y locales para asegurar el éxito de las competencias en cada sede. La prioridad es recuperar la infraestructura deportiva como parte de la ruta a París 2024.
Por eso, es un alivio saber que en estos Juegos Nacionales de la solidaridad no hay cabida para robar atletas, ni para las vacas sagradas del deporte que hacían pingües negocios con el hospedaje y la alimentación de los atletas.




