El conflicto electoral que atraviesa hoy el Comité Olímpico Venezolano ha sido alimentado por el propio presidente de esta entidad, Eduardo Álvarez, con su contumaz desafío a la Ley del Deporte y su Reglamento Parcial Número 1, al punto tal de que en la reforma realizada a los estatutos del COV hizo desaparecer cualquier referencia a este instrumento legal, aprobado de forma unánime por el parlamento nacional.
La Ley del Deporte otorga al Directorio del Instituto Nacional de Deporte dar reconocimiento legal a las entidades promotoras del deporte, como es el caso de las Federaciones Nacionales, que a su vez conforman el Comité Olímpico Venezolano y eligen cada cuatro año a las autoridades de la máxima organización del movimiento olímpico nacional.
Para votar en las elecciones del COV es obligatorio que las federaciones tengan autoridades legalmente constituidas y que hayan sido electas en procesos participativos, transparentes y democráticos como ordenan la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y la propia Ley del Deporte y su Reglamento.
Pero el presidente del COV, en flagrante violación de la Ley del Deporte, decidió otorgar reconocimiento a una serie de federaciones que carecen de legalidad por diversas irregularidades. En diciembre del año pasado ya hubo un primer conflicto por el autoritarismo de la máxima autoridad olímpica.
Un grupo de federativos denunció ante el Tribunal Supremo de Justicia los vicios que se estaban cometiendo en el proceso electoral de COV, y la Sala Electoral del TSJ designó una Comisión Electoral ad honoren, conformada por cinco federaciones, un representante del COV y otro del Instituto Nacional de Deporte para que organizaran el padrón electoral y las elecciones pautadas para el 5 de enero pasado.
En lugar de respetar la decisión del TSJ, Álvarez envió una misiva al Comité Olímpico Internacional para denunciar que “un sector del gobierno” tenía injerencia en las decisiones del COV, cuando la realidad era que las autoridades del olimpismo nacional maquinaban para organizar unas elecciones espurias. El COI paralizó las elecciones y en abril pasado, bajo la supervisión del representantes del COI y de la Organización Panamericana de Deportes, las federaciones eligieron nueva Comisión Electoral para celebrar las elecciones del COV el próximo 18 de mayo.
En otro arrebato de autoritarismo, Álvarez quiso pasar por encima de los compromisos electorales asumidos ante las autoridades internacionales del olimpismo, y convocó el lunes pasado a una Asamblea Extraordinaria con el propósito de desconocer a la Comisión Electoral elegida de forma unánime, bajo supervisión del COI, y nombrar otra a su medida. La razón es simple. La Comisión Electoral aprobó un padrón de votantes en el que fueron excluidas federaciones ilegales como boxeo, tenis de campo, motociclismo, deportes electrónicos, esgrima, hockey sobre césped, remo, wushu, vela, netball y karate do, a las que Álvarez había otorgado reconocimiento, una atribución legal que solo le corresponde al Directorio del IND.
Como es lógico un grupo de federativos hicieron frente común el lunes en la Asamblea Extraordinaria del COV e impidieron el despropósito de Álvarez y su pandilla de desconocer a la Comisión Electoral electa con el visto bueno de los observadores del COI.
No será de extrañar que en su desesperación Álvarez vuelva a escribir otra de sus cartas, solicitando esta vez al COI que intervenga el olimpismo nacional, todo con el propósito de mantener la hacienda particular en la que ha convertido a esta entidad deportiva.
